TRIBUNA:

La labor de inscripción de las víctimas como la ley de reparaciones han adolecido de graves deficiencias. La Comisión Ética contra la Tortura propone reabrir la posibilidad de que las víctimas puedan acreditar su condición.

Desde su constitución en 2001, la Comisión Ética contra la Tortura ha coordinado el esfuerzo de diversas organizaciones de derechos humanos y de agrupaciones de víctimas para obtener del Estado chileno la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de la tortura aplicada por la dictadura a decenas de miles de personas. Para esos efectos, el Presidente nos concedió audiencia varias veces y accedió a crear, a finales de 2003, una Comisión de Prisión Política y Tortura (la Comisión Valech) destinada a acreditar oficialmente a las víctimas para posibilitar su ulterior reparación mediante una ley.

Sin embargo, tanto la labor de inscripción de las víctimas como la ley de reparaciones subsiguiente, han adolecido de tantas y tan graves deficiencias que, en justicia, requieren de notables enmiendas. Esta conclusión no sólo es compartida por un conjunto de organizaciones nacionales de derechos humanos, sino por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En efecto, la Comisión Valech efectuó un escasísimo trabajo de difusión nacional e internacional de su labor, particularmente en los medios de comunicación más cruciales de hoy: la televisión e Internet. Lo que sumado al corto tiempo, de seis meses, fijado para inscribirse hizo que la gran mayoría de las víctimas no haya alcanzado a hacerlo.

Además, en virtud del Decreto Ley 1.040 que creó la Comisión, de la convocatoria pública efectuada por ella en “La Tercera” el 23 de noviembre de 2003 (¡única en un diario de circulación nacional!) y el Reglamento que esta misma se dio, se excluyeron a priori varias decenas de miles de víctimas. Nos referimos a las personas detenidas en las manifestaciones públicas; a quienes padecieron tortura fuera de los recintos oficiales de detención; a las víctimas que en estos largos años han fallecido; a los niños y niñas que fueron detenidos con sus padres o nacieron durante cautiverio; a los extranjeros; a los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor; y a quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.

Respecto de la ley de reparaciones, es muy lamentable constatar que la pensión mensual brindada a las víctimas de cerca de 112 mil pesos (menos de 200 dólares) está muy lejos de compensar el daño físico y psicológico inferido, más aún cuando la gran mayoría de los afectados padeció adicionalmente exilio, cesantía prolongada o imposibilidad de culminar estudios superiores, con lo cual vio tronchados sus proyectos de vida. Por cierto que dichos montos vulneran el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura -de la que Chile es parte- donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”. En este sentido, sería digno y justo que una nueva ley de reparaciones acogiera el criterio de la Comisión Valech, que recomendó el monto equivalente al que reciben los familiares de las personas que fueron detenidas-desaparecidas o ejecutadas políticas. Esto es 317 mil pesos mensuales.

Otro aspecto muy negativo de la ley es que en ella no se acoge ninguna de las recomendaciones de la Comisión Valech relativas a las reparaciones morales y jurídicas para los afectados; ni las medidas educativas y de prevención de la tortura propuestas. Pero, sin duda, lo más grave de la ley de reparaciones es la cláusula que le impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de delitos denunciadas ante la Comisión Valech. Esto constituye una virtual consagración de la impunidad de crímenes contra la humanidad.

Para enmendar las graves deficiencias reseñadas, la Comisión Ética contra la Tortura propone al gobierno reabrir indefinidamente la posibilidad de que todas las víctimas puedan acreditar su condición -independiente del lugar y tiempo de detención- incluyéndose los casos de personas fallecidas y de los ex menores, para su ulterior reparación. También plantea aprobar una nueva ley de reparaciones donde se acepten plenamente las propuestas de la Comisión Valech. Y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura efectuadas por las víctimas o sus familiares.