Por Andrea Chaparro/ La Nación

La delegada presidencial en materia de derechos humanos y vicepresidenta ejecutiva de la instancia descartó conflictos con la nueva administración, porque es “imposible estar en desacuerdo con estos temas, es una mínima medida de sana convivencia”.

“Hay un compromiso de esta sociedad con las víctimas, de hacer todo lo que esté a su alcance para encontrar a sus seres queridos, que éstos puedan ser identificados y sepultados”.

Para la delegada presidencial en materia de derechos humanos y vicepresidenta ejecutiva de la reabierta Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, el tema de la violación de los derechos humanos en Chile se impone por los hechos y descarta que el nuevo gobierno pudiera tener algún problema con el funcionamiento de la instancia calificadora.

A su juicio, es “imposible estar en desacuerdo” con la defensa de los derechos humanos y las reparaciones a las víctimas y familiares.

Y, en ese sentido, llama a las personas a estar tranquilas, pues hoy en el país hay una institucionalidad en materia de derechos humanos que asegura por ley la existencia de organismos como el Instituto de DDHH, al Programa del Ministerio del Interior y el Museo de la Memoria.

-Esta comisión, a diferencia de las otras, tiene origen en una ley, la 20.405, (…) su objetivo es calificar nuevos casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, presos políticos y víctimas de torturas. La relación con el Ejecutivo es administrativa, pero no debiera haber ningún problema y la gente debería estar tranquila.

-¿Cree que otros programas y organismos establecidos en los gobiernos de la Concertación tendrán una continuidad?

-En este gobierno hubo un avance en el reforzamiento de la institucionalidad en derechos humanos. El Instituto de DDHH se creó por la Ley 20.405 y es autónomo. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que era un programa que funcionaba por un decreto presidencial, desde el 10 de diciembre tiene existencia por la misma ley.

-Diría que están todas las condiciones para que los temas continúen y terminen bien. Es imposible estar en desacuerdo con esto, es una mínima medida de sana convivencia.

-Creo que se ha hecho una avance importante, he sido funcionaria de gobierno, y conozco las realidades comparadas de otros países. Ahora, desde el punto de vista de las agrupaciones y víctimas todo lo que se haga es necesario, nada de lo que pasó debió haber pasado.

-Tenemos los procesos de identificación de los detenidos desaparecidos, algunos informes han sido entregados a los tribunales, otros aún no están listos, pero es un proceso que continúa independiente que haya cambio de gobierno, este es un mandato judicial al Servicio Médico Legal. Además hay un compromiso de esta sociedad con las víctimas de hacer todo lo que esté a su alcance para encontrar a sus seres queridos y para que puedan ser bien identificados y sepultados. Esa es la fuerza que tiene el tema de los derechos humanos, que se impone por los hechos. No podemos entrar en una disputa si siguen o no en los tribunales.

-Antes se dio por medio de Interior y, en esta ocasión, por medio de la Presidencia. Es un soporte administrativo que traspasa recursos a la comisión para que pueda operar. Hay que arrendar las sedes, contratar personal, en más de una ocasión habrá que viajar a regiones a recibir testimonios (…) esos recursos estaban contemplados en la Ley 20.405 pero esos recursos se intermedian por la Presidencia de la República. Ahí estableceremos un método con las nuevas autoridades.

-Se especula mucho, pero cualquiera sea la cifra seremos capaces de atenderlos. La otra vez llegaron 35 mil 800 casos y se atendieron todos. Quedaron cerca de siete mil fuera de calificación, muchos de ellos, porque estaban fuera de mandato.

-Esa es una decisión que hizo el Ejecutivo con el Parlamento. (…) en pocas partes hay un organismo permanente, en Argentina hay una subsecretaría, pero finalmente en la mayoría de los países que han hecho comisiones de verdad lo han hecho por un período acotado.

-Sí, porque se rige por las mismas leyes de reparación, pero se le va a informar a cada persona de la reserva y cada uno verá si deja sus antecedentes o se los lleva. La persona es libre de darla a conocer a quien quiera. Pero la comisión le da a todos los antecedentes el carácter de reservado hasta que no haya otra ley que no diga lo contrario. Hoy el plazo es de 50 años.

-La persona es libre de entregarlo al tribunal. La comisión no tiene facultades jurisdiccionales. No es un tribunal, sólo se puede orientar.

Jueves 18 de febrero de 2010

La Comisión Valech comenzó a recibir casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar que no fueron calificadas en los procesos anteriores, Rettig y Valech.

Un sinnúmero de personas llamó al número de teléfono entregado para concertar una entrevista.

Otros tantos se acercaron a la sede de calle Phillips, al lado del Metro Plaza de Armas. Comenzaba una nueva recopilación de dolorosas historias como la de Iris Aceitón Venegas, quien fue detenida y torturada tras el golpe militar, y que esta vez presentará su caso.

Esta mujer no se inscribió en el primer proceso porque quiso darles la oportunidad a personas que lo necesitaban más, pero ahora cree que el Estado debe reparar a todos los que sufrieron la dictadura.

Como ella, hay otros que por temor o desconfianza no lo hicieron y que hoy tienen esa oportunidad.

La vicepresidenta ejecutiva de la comisión, María Luisa Sepúlveda, quien hoy además es la delegada presidencial para materia de derechos humanos y una de las directoras del Museo de la Memoria, aseguró a los familiares y víctimas que la instancia continuará a su trabajo tras el cambio de gobierno tal y como se programó.

El 29 de enero pasado el ministro Sergio Muñoz, coordinador nacional de la Corte Suprema para temas vinculados a la violación de derechos humanos, entregó al pleno del máximo tribunal un informe en cual se da cuenta de los avances de las causas relativas a estos temas en el país.

En este escrito, además, destacó que la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) le comunicó sobre una nómina de 1.167 víctimas cuyos casos la Comisión Rettig consignó sin convicción y que no tienen abierto proceso penal alguno.

Frente a esto, el juez solicitó a los efectivos civiles que reunieran la mayor cantidad de antecedentes de estos casos para adelantarse a eventuales querellas que se puedan presentar en los próximos meses con el objetivo de abrir nuevas indagatorias penales.

El magistrado Muñoz, además, anunció en esa oportunidad a sus pares que espera reunirse con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), quienes ya le habían manifestado el interés de que en estas causas se inicien investigaciones a cargo del Poder Judicial.

En el balance sobre avances en las causas relativas a la violación de derechos humanos, confeccionado por el ministro Muñoz, se estableció que en la actualidad en el país se están tramitando por diversos jueces 326 causas.

De éstas 239 se encuentran en etapa de sumario, 26 en plenario, 14 falladas en primera instancia y 47 en espera de pronunciamientos de Cortes de Apelaciones o del máximo tribunal.

28.459 personas fueron calificadas como víctimas de prisión política y tortura durante la primera sesión de la Comisión Valech el año 2003.

Se estableció una reparación económica mensual de $112.816 para víctimas menores de 70 años y de $123.957 para las personas de entre 70 y 75 años de edad. Para los mayores de 75 la suma fue de $129.118. El monto que desembolsaría el Estado por este beneficio sería de unos $7 mil millones de pesos anuales.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, fue creada para esclarecer la identidad de personas que fueron privadas de su libertad y torturadas por razones políticas, de parte de agentes ligados a la dictadura de Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Esta comisión fue liderada por monseñor Sergio Valech fue creada por el ex Presidente Ricardo Lagos en 2003 y su objeto fue suplir ciertas carencias que tuvo la Comisión Rettig, la que sólo dispuso información de aquellos civiles que murieron en manos de los agentes del Estado.

La comisión recopiló testimonios de más de 35 mil personas en varios países, quienes entregaron su testimonio escrito. En noviembre de 2004, el documento fue entregado al Presidente Lagos, quien a su vez lo dio a conocer al país.

2.279 personas perdieron la vida durante la dictadura, según registró la Comisión Rettig en 1990.

De ellas, 164 fueron clasificadas como víctimas de la violencia política y 2.115 de violaciones de los derechos humanos.

El informe propuso medidas compensatorias para los familiares de las víctimas como pensiones para las viudas, para los hijos menores de edad, becas de estudios para niños y adolescentes, atención gratuita de salud y una serie de otras prerrogativas.

Esta Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también conocida como Comisión Rettig, fue creada por el ex Presidente de la República Patricio Aylwin y presidida por el jurista, ex parlamentario y militante del Partido Radical, Raúl Rettig Guissen.

El equipo fue integrado por Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea, la actual ministra de Educación Mónica Jiménez, Ricardo Martín Díaz, Laura Novoa, Gonzalo Vial Correa, José Zalaquett y Jorge Correa Sutil.

La comisión trabajó durante nueve meses en la recopilación de antecedentes relacionados con violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 (cuando fue el golpe de Estado) y el 11 de marzo de 1990 (cuando se formalizó el retorno a la democracia).

La sede de la comisión está en Santiago, calle Phillips 451, Edificio Presidente. Pero antes se debe llamar para concertar entrevista al teléfono 800 411 400.